¿Más penas significan menos delincuencia? Los límites del populismo punitivo

Por: Olman Calvo González*

Costa Rica atraviesa un escenario preocupante en materia de seguridad ciudadana. El aumento de la violencia asociada al crimen organizado y la constante exposición de hechos delictivos han intensificado el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones penales. Ante esta realidad, resulta comprensible que la sociedad demande respuestas contundentes. Sin embargo, desde una perspectiva jurídico-penal, conviene plantearse una pregunta fundamental: ¿aumentar las penas realmente contribuye a disminuir la criminalidad?

Durante los últimos años, buena parte de las propuestas de política criminal se ha orientado hacia la ampliación de los tipos penales, el incremento de las penas privativas de libertad, la restricción de determinados beneficios penitenciarios y la construcción de nuevos centros penales. Aunque estas medidas pueden transmitir una sensación de mayor seguridad, no necesariamente constituyen soluciones eficaces frente a las causas estructurales de la delincuencia.

En este contexto adquiere relevancia el concepto de populismo punitivo, entendido como el uso del endurecimiento de las sanciones penales para responder a las demandas sociales de seguridad, sin que necesariamente exista una evaluación rigurosa de su necesidad, proporcionalidad y eficacia. No se trata de desconocer la gravedad de los delitos ni de restar importancia a los derechos de las víctimas, sino de comprender que las respuestas del Estado deben fundamentarse en criterios jurídico-criminales y no únicamente en la presión social.

Desde la dogmática penal, autores como Claus Roxin han destacado la importancia de concebir el Derecho Penal como un instrumento de protección subsidiaria de los bienes jurídicos. Bajo esta premisa, el principio de intervención mínima exige reservar la respuesta penal para aquellas conductas cuya gravedad justifique recurrir al poder punitivo del Estado.

Asimismo, la prevención general no debe confundirse con la simple imposición de castigos más severos. La investigación criminológica ha señalado que la certeza de ser descubierto y sancionado puede tener un efecto disuasorio mayor que el aumento de la duración de las condenas. De poco sirve establecer penas extraordinariamente elevadas si persisten las dificultades para investigar los delitos, identificar a sus responsables y garantizar una respuesta judicial oportuna.

Esto no significa que las penas deban permanecer invariables. El legislador puede y debe revisar su proporcionalidad y adecuación frente a nuevas manifestaciones delictivas. Sin embargo, cualquier reforma debería responder a criterios de necesidad, razonabilidad y eficacia, sin convertir el Derecho Penal en la primera respuesta frente a la mayoría de los conflictos sociales.

Una política criminal seria requiere fortalecer la investigación, la prevención, la persecución penal y los mecanismos de reinserción social, sin renunciar a las garantías fundamentales que caracterizan a un Estado democrático de Derecho.

La seguridad ciudadana y el garantismo penal no deberían concebirse como posiciones incompatibles. Por el contrario, ambos encuentran su fundamento en la protección de los derechos de las personas, tanto frente al delito como frente al ejercicio arbitrario del poder estatal.

El verdadero desafío de Costa Rica no consiste únicamente en determinar cuánto debemos castigar, sino en comprender qué estamos haciendo para prevenir que los delitos ocurran.

Una política criminal no debería medirse por la severidad de sus penas, sino por su capacidad para proteger efectivamente a la sociedad, respetando los límites constitucionales del poder punitivo.

“El principio de culpabilidad limita la pena y dentro de este ámbito limitado deben considerarse los fines de la pena”, Francisco Castillo González.

*Abogado y docente universitario