Redacción
La empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), concesionaria de la ruta 1502 San José–Santa Cruz–Ramales, presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) una oposición formal a la audiencia tarifaria convocada, alegando irregularidades legales, técnicas y operativas que, a su juicio, impiden continuar con el trámite.
Sostienen que la audiencia fue anunciada sin contar con la adenda del contrato de concesión debidamente refrendada, requisito que la misma Aresep ha reconocido como indispensable para cualquier ajuste. Según TIG, la ausencia de esta adenda vuelve improcedente e ilegal la corrida del modelo tarifario.
La firma también advierte fallas metodológicas en el estudio de demanda que la entidad reguladora empleó como base para convocar la audiencia. Entre las deficiencias señaladas figura el uso de una muestra no aleatoria, incompleta y limitada a una sola semana del año, sin contemplar la estacionalidad real de la ruta. Estas inconsistencias, sumadas a una supervisión que consideran débil, podrían generar un cálculo tarifario sesgado y perjudicial, con la capacidad de afectar el equilibrio financiero de la concesión y comprometer la continuidad del servicio público.
TIG recuerda que el Consejo de Transporte Público mantiene en proceso la actualización de las variables operativas de todas las rutas del país -incluida la 1502 integrada-. En criterio de la empresa, realizar una corrida tarifaria antes de concluir este trabajo resultaría precipitado y riesgoso tanto para los usuarios como para el concesionario.
La compañía solicitó dejar sin efecto la audiencia y efectuar una nueva corrida tarifaria basada en un estudio técnico, confiable y transparente, que proteja simultáneamente los intereses del usuario y la estabilidad del servicio, tal como lo establece la Ley 7593.
Anomalías señaladas por TIG
La Aresep convoca a audiencia sin contar con la adenda contractual exigida para la ruta 1502, lo que vuelve el proceso irregular.
La fiscalización del levantamiento de datos fue insuficiente, lo que compromete la validez del estudio.
Una rebaja tarifaria basada en información incorrecta pondría en peligro la estabilidad económica de la concesión.
