Redacción
La Contraloría General de la República (CGR) refrendó los contratos que permiten avanzar con uno de los proyectos de infraestructura vial más esperados de Costa Rica, la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Interamericana Norte, en el tramo Barranca–Limonal.
La decisión habilita al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a iniciar formalmente las obras, luego de un proceso de revisión técnica, legal y financiera que se extendió por varias semanas y requirió aclaraciones adicionales por parte de la administración.
Los contratos fueron adjudicados a dos consorcios. El primero, Barranca Ruta 1, asumirá parte del proyecto por un monto base de 121,6 millones de dólares, más 6,08 millones adicionales destinados a servicios especializados y obras especiales, a los que se suma un porcentaje por administración. El segundo, Constructora Meco S.A., ejecutará la otra sección por 141,7 millones de dólares, más 7,08 millones en costos similares.
En conjunto, la inversión supera los 276 millones de dólares, una cifra que refleja tanto la magnitud de la obra como su relevancia estratégica para el país, al tratarse de uno de los corredores logísticos más importantes entre el Valle Central y el Pacífico Norte.
Un refrendo condicionado a información completa
Según detalló la Contraloría, el proceso de refrendo no fue inmediato. Los contratos ingresaron al órgano contralor el 30 de septiembre de 2025, pero la documentación presentada inicialmente por el Conavi no estaba completa. Fue necesario realizar dos solicitudes formales de información adicional antes de dar por concluido el análisis.
Una vez recibidos los datos requeridos, la Contraloría verificó el cumplimiento de los estudios legales, técnicos y de razonabilidad del precio, así como la idoneidad de las empresas contratistas para ejecutar el proyecto. También constató que el Conavi llevó a cabo una etapa de preinversión y planificación, un punto crítico en proyectos de infraestructura de gran escala, históricamente cuestionados por fallas en esa fase.
Otro elemento clave fue la disponibilidad de los terrenos. De acuerdo con certificaciones presentadas por la administración, las áreas necesarias para iniciar las primeras unidades funcionales de cada contrato ya están en manos del Estado. La relocalización de servicios públicos, un factor que suele generar atrasos, será responsabilidad directa de las empresas adjudicatarias.
Lo que viene ahora
Con el refrendo otorgado, el siguiente paso recae plenamente en el Conavi. La institución deberá emitir las órdenes de inicio y supervisar la ejecución de las obras, bajo su entera responsabilidad y conforme a los términos contractuales.
La ampliación del tramo Barranca–Limonal ha sido durante años una demanda recurrente de transportistas, comunidades locales y sectores productivos, que señalan la saturación vial, los tiempos de traslado y los riesgos de accidentes como problemas estructurales de la ruta actual.
El desafío, advierten expertos en infraestructura, no estará solo en construir, sino en hacerlo dentro de los plazos (estimado en 30 meses una vez iniciadas las obras) y costos previstos, en un país donde los grandes proyectos viales suelen convertirse en pruebas de estrés para la institucionalidad pública.
Por ahora, el refrendo de la Contraloría marca un punto de inflexión. La carretera, largamente prometida, ha dejado el papel. El asfalto, sin embargo, aún está por venir, en un proyecto que debía arrancar en 2020.
