Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia con un discurso de ruptura. Desde el inicio de su mandato, dejó claro que no pretendía gobernar con suavidad ni pedir permiso. Señaló a la prensa, confrontó a diputados, cuestionó a órganos de control y construyó una narrativa de enfrentamiento directo contra lo que llama “las élites del sistema”. Ese estilo es tan aplaudido como odiado en su mandato, principalmente en los últimos meses, donde los diputados debatían si levantaban el fuero, mientras el pueblo expectante presenciaba la decisión al mejor estilo del circo Romano
Redacción
En Costa Rica, un país acostumbrado a resolver los conflictos en los márgenes de la institucionalidad y no del sobresalto, el debate sobre levantar la inmunidad presidencial abrió una grieta profunda entre poderes del Estado y dejó al descubierto una pregunta incómoda, ¿hasta dónde puede llegar el control político sobre quien ocupa la Presidencia?
Durante varias semanas de 2025, esa interrogante se tradujo en sesiones legislativas tensas, discursos encendidos y una votación decisiva que, aunque mantuvo intacto el fuero del presidente Rodrigo Chaves, evidenció una fractura que va más allá de los números.
Qué es la inmunidad y por qué importa
La Constitución costarricense otorga al presidente inmunidad penal mientras ejerce el cargo. No se trata de una absolución anticipada, sino de una protección temporal que impide que sea procesado judicialmente durante su mandato, salvo que una mayoría calificada del Congreso —38 de los 57 diputados— autorice lo contrario.
Ese blindaje, diseñado para garantizar estabilidad institucional, se convirtió en el centro de la controversia cuando dos instituciones clave del Estado activaron mecanismos formales para pedir su levantamiento.
Los hechos que detonaron el conflicto
El primer golpe llegó desde el Ministerio Público. La Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para investigar al presidente por un presunto delito de concusión, vinculado al uso de recursos de un organismo financiero internacional en contratos de comunicación. El señalamiento no implicaba una condena, pero sí la necesidad de abrir un proceso penal mientras Chaves aún ocupaba el cargo.
Semanas después, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) añadió una segunda capa al conflicto. El órgano electoral consideró que el mandatario pudo haber cruzado la línea de la neutralidad política exigida por la ley, al emitir mensajes que —según varias denuncias— habrían influido en el clima electoral.
Dos caminos distintos, uno penal y otro electoral, convergieron en un mismo punto, la Asamblea Legislativa debía decidir si el presidente seguía protegido por la inmunidad.
La Asamblea, escenario de la disputa
El debate legislativo no fue técnico ni silencioso. Durante las sesiones, diputados de oposición argumentaron que negar el levantamiento de la inmunidad equivalía a bloquear la acción de la justicia y a enviar un mensaje de impunidad.
Desde el otro lado, legisladores afines al gobierno —y algunos independientes— defendieron el fuero como un principio constitucional que no debía sacrificarse en medio de tensiones políticas ni en la antesala de un año electoral.
Cuando llegó la votación, el resultado fue revelador, una mayoría simple estuvo a favor de retirar la inmunidad, pero no fue suficiente. Faltaron tres votos para alcanzar el umbral constitucional. El presidente, por segunda vez en el año, conservó su protección.
Un presidente confrontacional y un país dividido
Rodrigo Chaves no es un presidente convencional dentro del molde político costarricense. Su estilo confrontativo y abiertamente crítico hacia otros poderes del Estado ha generado adhesiones firmes y rechazos igualmente intensos.
Tras la votación, el mandatario celebró lo que consideró una derrota de sus adversarios políticos y arremetió contra los diputados que impulsaron el desafuero, acusándolos de actuar por motivaciones electorales más que jurídicas.
Sus críticos, en cambio, sostienen que el resultado refleja un sistema que aún duda en someter al presidente al mismo escrutinio que a cualquier otro ciudadano.
¿Qué queda pendiente?
El rechazo a levantar la inmunidad no cierra los casos. Las investigaciones permanecen latentes y podrían reactivarse una vez que Chaves deje el cargo, en mayo de 2026. En el ámbito electoral, el TSE mantiene abiertas sus valoraciones sobre eventuales consecuencias administrativas o políticas.
Mientras tanto, el episodio deja huellas duraderas, una relación cada vez más tensa entre poderes, una Asamblea fragmentada y una ciudadanía que observa con atención hasta dónde llegan los controles democráticos en un sistema que se precia de su solidez institucional.
Más allá del caso Chaves
Para analistas políticos, lo ocurrido no se limita a la figura del actual presidente. El debate sobre la inmunidad ha reavivado discusiones de fondo sobre los límites del poder, la rendición de cuentas y el papel del Congreso como contrapeso real del Ejecutivo.
Costa Rica, vista durante décadas como una excepción de estabilidad en la región, atraviesa ahora un momento de prueba. No por una ruptura institucional, sino por algo más sutil y complejo, la redefinición de cómo se ejerce el poder y cómo se le exige responsabilidad a quien lo ostenta.
