Dr. Carlos Pomareda*
Hace muchos años, en 1986, publiqué un libro sobre la Innovación en la Agricultura, que en la contratapa rezaba: Si usted come, tiene una responsabilidad moral con los agricultores. Durante muchos años he insistido en la importancia de apoyar a los agricultores, por razones múltiples; sin embargo, es evidente que los gobiernos persisten en no hacerlo, y más adelante me voy a referir a algunas de las razones.
Es evidente que, para cambiar, ya no son suficientes las palabras. La protesta de los agricultores en todo el mundo es creciente; y Costa Rica no es una excepción. La convocatoria a la marcha del día de hoy organizada por las Universidades, es una señal positiva reveladora de que los jóvenes se unen a la protesta en nombre de la sociedad. Y eso es gratificante porque demuestra que se está comprendiendo que es necesario cambiar el rumbo, antes que sea demasiado tarde.
La ausencia de apoyo al agro en Costa Rica, lo ha convertido en 20 años en uno de los países de América Latina que más depende de la importación de alimentos básicos, arroz, maíz, frijoles, aceites y muchos alimentos procesados. Las importaciones agroalimentarias pasaron de millones US$ 2593 a 3863 entre 2008 y 2018. Eso es el reflejo de que las importaciones son un gran negocio; especialmente para las empresas de mayor escala.
Los dos efectos colaterales son; por un lado, la vulnerabilidad a la que están expuestos los consumidores ante la inestabilidad de los precios mundiales; y, por otro lado, negar posibilidades a los productores nacionales. Habrá quienes refuten esto, con el argumento de que en un mercado global son mayores las posibilidades; y eso es cierto, para las empresas importadoras. Pero, la transmisibilidad hacia abajo de los precios; no se da plenamente, de modo que una baja en el precio internacional no llega a los consumidores nacionales; sobre lo cual hay mucha evidencia.
El argumento esgrimido para desdeñar la agricultura nacional de pequeña escala (la mayor parte) es que es un asunto de ventajas comparativas. Este argumento ya está muy gastado; y no se justifica desde ningún punto de vista, ante la evidencia de lo que está pasando. Costa Rica se ha convertido en un país en el que, aunque aumenta el ingreso per cápita promedio; es en América Latina, el país que en el 2021 mostró la tercera tasa de desigualdad más alta (solo menos que Colombia y Brasil). Los pequeños agricultores y los trabajadores en la agricultura son parte importante de ese segmento castigado por la desigualdad.
Las preguntas en cuanto a porque no se apoya la agricultura, tienen a mi juicio, varias respuestas. Hay quienes influyen en las decisiones políticas, que son los que lucran con las importaciones de alimentos; y por lo tanto, persuaden de las decisiones que toman los gobiernos. Hay un purismo sobre el liberalismo económico, que persiste en la idea de que la no intervención es el mejor camino; y por lo tanto disuaden de cualquier medida relacionada, como si la intervención estatal tiene que darse solo en los precios. Hay un miedo a la intervención estatal, redoblado por la ignorancia; que limita el apoyo estatal pudiendo recurrir a medidas ampliamente permitidas en los acuerdos ante la Organización Mundial de Comercio, los llamados Apoyo de Caja Verde, que tanto se usan en la Unión Europea y en otros países.
Ante lo expuesto, urge una revisión seria de las medidas de apoyo al agro nacional, especialmente considerando la turbulencia en los mercados globales, incluyendo los mercados financieros, los de productos e insumos; y la creciente inestabilidad climática. Debe considerarse entre otras medidas: Fomento de una imagen positiva de la agricultura; difusión de información sobre la calidad de los productos nacionales; mejor asistencia técnica y empresarial; facilitación de la inversión en riego tecnificado y en ambientes controlados; mayor protección sanitaria; mejores organizaciones de productores; fomento de la agroindustria rural; y muchas más, que mejoren la capacidad para mayor productividad en el sector productor; pero eso no es suficiente. Es necesario también intervenir en el sistema agroalimentario para eliminar prácticas monopólicas; colusión en algunas industrias; destrabar la estructura oligopólica en la importación de maquinaria y equipos; y el contubernio en las prácticas de importación de fertilizantes y alimentos.
Al respecto, para apoyar el agro, el país tiene la institucionalidad necesaria, pero requiere hacerla más operativa, a tono con las nuevas exigencias. Tiene entidades como INTA, CNP, SENASA, SENARA, INDER, Banca para Desarrollo, que, si lograsen salir de su modorra, serían el instrumento que se necesita. Tiene también entidades como COMEX, PROCOMER y MEIC que han demostrado su utilidad pero que deben trabajar en mayor sinergia con las entidades del sector. A ello se suman todas las organizaciones del sector privado, Cooperativas, Cámaras, Asociaciones y Federaciones; que desarrollan acciones complementarias a las de las entidades públicas pero que no son aprovechadas.
No menos importante es reconocer el hecho de que Costa Rica ha logrado acceso a mercados y prestigio internacional por sus compromisos ambientales y se ha posicionado para la producción y exportación de productos diferenciados. Eso no se logró solo por el esfuerzo de las empresas, sino con el respaldo de instituciones como MINAE, COMEX y PROCOMER; y las organizaciones del sector privado en el agro.
Entonces, este privilegio de tener acceso a mercados y contar con instituciones públicas y privadas, debe aprovecharse; ya quisieran otros países tenerlo. Esta consideración debe llevar al gobierno a valorar mejor la institucionalidad y su fortalecimiento para una mayor eficiencia, efectividad e imagen; y para blindarlas del riesgo de que sean aprovechadas por grupos de interés. De hecho, el reconocimiento del valor de la institucionalidad en el agro nacional se refleja en el Informe de Politicas Agrícolas de la OECD, en víspera de su inclusión a dicho mecanismo: Mejorar la efectividad de los servicios gubernamentales al agro; fortalecer la institucionalidad y la coordinación y los mecanismos de financiamiento. Apoyar al agro es indispensable como responsabilidad del Estado; pero para hacerlo hay que recordar que con un decreto se elimina fácilmente una institución en unas horas; construir o mejorar una, toma un mayor esfuerzo. La solución fácil no es la que mas sirve a Costa Rica.
*El Dr. Pomareda se desempeña como Consultor Internacional
