Redacción
Durante años, Randall Zúñiga fue visto como un rostro de autoridad y disciplina dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Su ascenso hasta la dirección de la institución lo convirtió en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado y en la coordinación de investigaciones de alto perfil. Hoy, sin embargo, su nombre aparece en titulares por razones muy distintas, enfrenta múltiples denuncias por delitos sexuales, un proceso disciplinario abierto y una suspensión que amenaza con convertirse en definitiva.
Un expediente que crece día a día
La investigación contra Zúñiga ya supera las 600 páginas, según fuentes judiciales. En ellas se incluyen conversaciones extraídas de teléfonos celulares, fotografías y testimonios que buscan esclarecer las acusaciones de al menos cuatro mujeres. La Unidad de Cibercrimen del OIJ ha sido la encargada de analizar los dispositivos, en un proceso que avanza con lentitud pero que promete ser decisivo.
La Corte Plena decidió ampliar la suspensión de Zúñiga por tres meses adicionales, mientras se desarrolla el proceso disciplinario. La medida refleja la gravedad de las denuncias y la necesidad de preservar la institucionalidad del OIJ en medio de la tormenta. Para muchos, la decisión es también un mensaje político, la justicia costarricense no puede permitirse dudas sobre su imparcialidad.
Testimonios en disputa
El caso ha tomado giros inesperados. Una testigo declaró que otra mujer le sugirió “sacarle plata” a Zúñiga si se sumaba a la denuncia, lo que ha abierto un debate sobre la credibilidad de algunos testimonios. Este matiz ha sido aprovechado por defensores del ex director para cuestionar la solidez del caso, aunque las denuncias principales siguen en pie y bajo investigación.
El impacto institucional
Más allá de la figura de Zúñiga, el caso golpea directamente la confianza en la institución. El ente estatal encargado de investigar delitos y garantizar la transparencia judicial, se enfrenta ahora a un dilema ¿cómo mantener su credibilidad mientras su máximo jerarca está bajo sospecha? Para los críticos, el episodio expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y de garantizar que las denuncias contra altos funcionarios se tramiten con la misma rigurosidad que las de cualquier ciudadano.
En Costa Rica, donde la confianza en las instituciones judiciales ha sido históricamente alta, el caso Zúñiga se ha convertido en un termómetro social. ¿Podrá la justicia actuar con independencia frente a un exdirector del OIJ? ¿Se garantizará protección a las denunciantes en un proceso tan mediático? Las respuestas aún están por escribirse, pero el desenlace marcará un precedente sobre cómo el país enfrenta las denuncias de abuso de poder y violencia sexual.
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