Proyecto en zonas costeras podría ser inconstitucional

El 28 de junio vence el tiempo de moratoria, por lo que las municipalidades pueden desalojar a los residentes que habiten en áreas del Estado

Los pobladores en las zonas marítimo terrestre pueden adquirir derechos sobres las tierras que habitan.

Redacción

Julio Jurado Fernández, Procurador General de la República, indicó que el expediente 22.391 Ley para la gestión y regulación del Patrimonio Natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental, puede ser inconstitucional.

Así lo advirtió a los diputados de la Comisión Especial de Zonas Costeras que tramitan el documento. Jurado sostiene que los magistrados de la Sala IV han sido claros en sus resoluciones con relación a los niveles de tutela del ambiente. Proceder a un cambio implicaría fundamentar los aspectos legales y técnicos científicos que los justifican.

El expediente que se tramita en la Comisión pretende hacer esos cambios sin los debidos estudios mencionados por Jurado Fernández.

Según el texto del expediente, se crea “un derecho real administrativo” sobre bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado, en beneficio de sujetos de derecho privado.

Esto permitiría a quienes habitan en estas zonas, obtener beneficios de ley como créditos bancarios, bonos de vivienda, traspasar la propiedad, entre otras acciones de índole legal. Para esto los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos, ser personas físicas o jurídicas sin fines de lucro que demuestre tener como única residencia un predio bajo régimen de protección ambiental por más de 10 años. Los extranjeros con residencia permanente también se pueden ver beneficiados.

La norma aplica para gran parte del territorio nacional, incluyendo zonas costeras, fronterizas y especiales. Para los cambios lo primero que pide la Sala Constitucional es tener estudios científicos y técnicos que lo justifiquen, según indicó el Procurador General de la República.

Los legisladores de la Comisión rechazaron una moción que pretendía ampliar el plazo para dictaminar la iniciativa en 60 días. Consideran que el proyecto debe avanzar con urgencia. Piden además, compromiso del Estado sobre este tema, ya que el 28 de junio próximo vence el tiempo de moratoria para los residentes en estas zonas, las municipalidades después de esta fecha están facultadas para desalojar a los moradores de las mismas.

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