Redacción
El principal gremio exportador de piña de Costa Rica recibió con satisfacción una reciente resolución en Estados Unidos que elimina aranceles aplicados a varios productos, una medida que el sector consideraba crucial de cara a 2026. Sin embargo, mientras el panorama externo parece despejarse, los productores advierten que el desafío más inmediato podría estar dentro del propio país.
La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) señaló que la decisión estadounidense ayuda a restablecer la certeza comercial y devuelve las reglas al marco del tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR). El gremio también reconoció el trabajo técnico y diplomático realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior para alcanzar ese resultado.
Pero el alivio en el frente internacional no resuelve lo que el sector describe como una presión creciente sobre la competitividad, la apreciación del colón frente al dólar.
“El otro desafío que ahora nos queda es el tipo de cambio”, dijo Abel Chaves, presidente de la junta directiva de CANAPEP. Según explicó, el fenómeno no es reciente, pero se ha intensificado en los últimos años, reduciendo los ingresos que reciben los exportadores cuando convierten sus ventas en dólares a moneda local, mientras gran parte de los costos operativos se mantiene en colones.
Para el sector agrícola orientado a la exportación, esa diferencia puede marcar la viabilidad de muchas operaciones. Chaves advirtió que el debate no debería limitarse únicamente a los productores, sino extenderse a los efectos más amplios sobre la economía nacional y la recaudación fiscal.
A su juicio, el país también enfrenta un rezago acumulado en infraestructura que está comenzando a reflejarse en la productividad. El deterioro de la red vial, los congestionamientos y los cuellos de botella logísticos, señaló, han pasado de ser inconvenientes a convertirse en obstáculos directos para el funcionamiento de empresas y trabajadores.
El impacto, según el dirigente, se percibe en la vida cotidiana y en la actividad económica. Los traslados más largos reducen horas productivas, elevan los costos de transporte y terminan encareciendo bienes y servicios. Esa dinámica, añadió, repercute en la competitividad y también en el empleo.
El turismo tampoco queda al margen. Los tiempos de traslado impredecibles pueden afectar la experiencia del visitante y aumentar los costos operativos de hoteles, transportistas y operadores turísticos. “No es solo tráfico”, dijo Chaves. “Es una limitación estructural que le resta capacidad al país para competir y crecer”.
En el ámbito exportador, el gremio advierte un riesgo adicional: la dependencia logística de una sola vía principal hacia el Caribe. Gran parte de las exportaciones costarricenses salen por la provincia de Limón, lo que convierte cualquier cierre, accidente o evento climático en una amenaza para la continuidad del comercio.
Para CANAPEP, esa vulnerabilidad subraya la necesidad de inversión sostenida en infraestructura, rutas alternativas hacia los puertos y mejoras en aeropuertos y terminales marítimas.
Chaves también planteó que la política económica debe considerar el equilibrio entre estabilidad monetaria y competitividad productiva. Sin ajustes o un análisis más amplio del contexto actual, dijo, el país podría enfrentar una situación en la que los avances logrados en el comercio exterior se vean debilitados por factores internos.
“El daño se lo está haciendo directamente a todo el país”, afirmó, al advertir que la desaceleración de la actividad productiva podría terminar afectando también los ingresos fiscales.
El dirigente sostuvo que Costa Rica no puede sustituir crecimiento con endeudamiento. En su opinión, el fortalecimiento de la base productiva —más exportaciones, mayor inversión y empleo formal— sigue siendo la forma más sólida de sostener las finanzas públicas.
Ante ese escenario, CANAPEP pidió abrir un diálogo técnico entre autoridades económicas y sectores exportadores para analizar el impacto del tipo de cambio en el empleo, la inversión y los encadenamientos productivos. El gremio también solicitó evaluaciones más amplias sobre sus efectos en la competitividad nacional y la recaudación fiscal, así como mayor previsibilidad para la planificación empresarial.
La organización reiteró su disposición de aportar información técnica al debate, en lo que considera una discusión necesaria para proteger el empleo, la inversión y la sostenibilidad económica del país.
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