Acciones en conjunto entre los diferentes cuerpos de policías y proyectos de Ley, es lo que presenta el Poder Ejecutivo para combatir la ola de violencia que azota el país
Redacción
Operación Costa Rica Segura, es el nombre de las acciones anunciadas por la Presidencia de República para atacar la inseguridad que vive el país. Esta, incluye el trabajo en conjunto de todas las fuerzas policiales.
La acción pretende colocar más policías en la calle. Por un espacio de seis meses, el país tendrá 9.500 oficiales de Fuerza Pública en servicio diario como una medida temporal y excepcional, según anunció Casa Presidencial.
Para lograr esto, se modificó el rol de trabajo de los 12 mil policías de ese cuerpo. Los cuales pasaron de laborar tres por tres o seis por seis días a seis de servicio y cuatro de descanso.
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República indicó que desea un mejor país para las próximas generaciones, cree que solo luchando contra la criminalidad es que se va a lograr.
“Yo quiero que la gente pueda andar tranquila por la calle, que los chiquitos vayan al parque de forma segura, que los jóvenes vayan a los centros de estudios sin el miedo de que en cualquier momento puedan quedar en medio de una balacera. Por eso, nuestra prioridad es la seguridad y vamos a enfocar esfuerzos y recursos en lograrlo”, mencionó Chaves.
Entre las medidas que se implementarán, la administración dispone de plazas vacantes que no se podían nombrar, pero se modificó el proceso para acelerarlo, esto abre la puerta para un reclutamiento extraordinario de 400 nuevos nombramientos en plazas de policías para junio.
También, se espera contratar 300 oficiales más si la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto extraordinario que será presentado en los próximos días. Con estas medidas se busca recuperar parte de las mil plazas que aseguran se perdieron en la administración Alvarado Quesada.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) activará un préstamo de cinco millones de dólares con el fin de construir el primer Centro de Mando y Control de la Región Centroamericana, en el cual se reunirá tecnología de punta a disposición de las fuerzas del orden. Se pretende la compra de 150 cámaras portátiles para la policía, lo que según creen las autoridades, fortalece la labor policial.
El Instituto Costarricense sobre Drogas apoyará con 600 millones de colones del narcotráfico, dineros obtenidos por decomisos para la compra de patrullas.
Otras acciones
En la parte operativa, planean operaciones específicas de Hades, Leviatán, Zeus, Fortaleza y Centauro, acciones de alto impacto dirigidas a las 20 comunidades más afectadas por la criminalidad, delincuencia e inseguridad.
Se emitirá un decreto ejecutivo que endurecer el control y fiscalización de la venta de municiones de las armas de alto calibre en poder de estructuras criminales. Lo que se pretende es que los establecimientos autorizados venderán únicamente este tipo de municiones a las personas que tengan el arma inscrita.
Además, el Ministerio de Justicia y Paz fortalecerá la Operación Policial Sostenida, que a la fecha da como resultado el decomiso de más de dos mil celulares y catorce mil armas blancas en los centros penales.
Proyectos de Ley
El Ejecutivo anunció varios proyectos de Ley que creen fortalecerá los controles de la lucha contra el crimen.
“Extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo”, este permitirá enviar a costarricenses para ser juzgados al país donde cometieron el delito.
“Para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad”, se pretende mano firme por parte de los jueces y que se envíe a la cárcel a la persona que cometa un acto criminal violento.
“Ley de control de armas”. Busca que los ciudadanos honestos tengan el derecho de portar armas de manera legal, no así los delincuentes.
“Modernización de intervenciones telefónicas”, actualmente el país carece de una ley que regule la escucha de las conversaciones de presuntos delincuentes. Aclaran que en estos no se puede hacer.
“Para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violencia y delincuencia organizada”, esta permitiría que las autoridades judiciales puedan juzgar como adultos a todo menor de edad relacionado con crimen organizado.
“Del sistema penitenciario nacional”, este proyecto pretende que los privados de libertad violentos deben permanecer en la cárcel bajo administración del Ministerio de Justicia.
Estas medidas se dan luego de que el país viviera jornadas violentas de crímenes, donde las calles se han vuelto el campo de batalla del crimen organizado.
