Redacción
Mientras otros países protegen su producción agrícola y resguardan su seguridad alimentaria, Costa Rica parece hacer exactamente lo contrario, abrir sus fronteras sin mayor contención y permitir que los excedentes de agricultores extranjeros terminen desplazando al productor nacional.
El caso de la pitahaya es el ejemplo más crudo de esa contradicción. No es una afirmación retórica, es un hecho documentado.
Según datos del Servicio Fitosanitario del Estado, consultados a través de la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), durante el 2025 ingresaron al país, procedentes de Nicaragua, Ecuador y Perú, un total de 249.278,70 kilos de pitahaya roja y amarilla.
La cifra, por sí sola, es alarmante, aunque lo es más el momento en que ocurre.
En pleno ciclo de cosecha nacional, entre abril y noviembre, entraron el año pasado, oficialmente, 116.300 kilos desde Nicaragua; y, entre noviembre y abril, 115.092 kilos, desde Ecuador; y 15.543 kilos, desde Perú. Para el 2026, solo de este último origen, ya se contabilizan 2.342 kilos adicionales.
Es decir, la fruta importada desde Nicaragua, no llega cuando falta producto nacional… llega cuando más abunda.
El impacto es devastador: Los precios locales se desploman, el productor nacional pierde competitividad y la rentabilidad desaparece.
Ante ese panorama, el futuro del pitahayero costarricense es incierto, al borde del abismo o de la quiebra. No obstante, la cadena de perjuicios no termina en el agricultor, también pierde el empleo rural, porque cada hectárea abandonada es menos trabajo para trabajadores, transportistas y pequeños emprendimientos asociados.
Y también pierde el consumidor, porque, aunque la fruta entra barata, no siempre se refleja en el precio final en el anaquel. En ciertos comercios la pitahaya se vende al doble o al triple de su valor, evidenciando que el problema no es la escasez, sino la distorsión del mercado.
Lo más grave es el mensaje que se envía: producir en Costa Rica no es prioridad.
Se castiga al agricultor que invierte, que cumple normas, que genera empleo y que apuesta por el país. Y se premia, indirectamente, la dependencia externa, el agricultor foráneo, que no tributa, y da ceros jornales.
Gobierno saliente y entrante, la seguridad alimentaria no solo se pierde cuando falta comida… también: cuando se destruye la capacidad de producirla.
Hoy es la pitahaya, mañana serán otros cultivos, y cuando se reaccione el campo estará vacío, no porque la tierra no produzca sino porque el país decidió no defender a quien la trabaja.
La pitahaya no es solo una fruta exótica. Es el sustento de familias, es inversión, es arraigo rural, es una alternativa real frente a los monocultivos tradicionales.
Es, además, una oportunidad estratégica en un mundo que demanda alimentos diferenciados y producidos de forma sostenible y responsable.
Pero esa oportunidad se está perdiendo. Las importaciones masivas, muchas veces a precios imposibles de competir, han distorsionado el mercado. El productor nacional, que paga cargas sociales y cumple requisitos sanitarios, compite en desigualdad frente a fruta que entra más barata y, en algunos casos, bajo cuestionamientos sobre sus controles.
El mensaje es devastador: producir en Costa Rica no vale la pena y cuando producir no vale la pena, el campo se abandona, se pierde empleo, soberanía y seguridad alimentaria.
Se habla de mesas técnicas, de apoyo, de financiamiento, sin embargo. la realidad es otra: el productor no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones, que equilibren el mercado, que protejan al que produce, y que entiendan que sin agricultores no hay alimentos.
La pitahaya hoy está al borde del abismo. Y con ella, la credibilidad de un país que alguna vez dijo que su agricultura era… prioridad.
