Redacción
La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional destaca la disponibilidad de apoyos solidarios para sus asociados que enfrentan necesidades médicas específicas. A través de la Póliza Mutual, a la cual todos los trabajadores de la educación contribuyen, se brinda acceso a equipo ortopédico para el asegurado y sus familiares directos.
Este soporte está diseñado para ayudar a los asociados que carecen de los recursos económicos necesarios para abordar o aliviar situaciones relacionadas con problemas de salud o discapacidad. Los beneficiarios de este programa incluyen al asociado, sus familiares cercanos, «hijos de crianza,» cónyuge o conviviente en unión libre y los padres de este último.
Gabriela Badilla, representante de la Sociedad de Seguros de Vida, enfatiza el compromiso de mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación en el país, teniendo en cuenta los desafíos que enfrentan. Los apoyos solidarios y el equipo ortopédico son una manera de acompañarlos en sus procesos de salud.
Para acceder a estos beneficios, es necesario cumplir con ciertos requisitos que se encuentran disponibles en la plataforma de citas virtuales en el sitio web de la institución (www.sociedaddesegurosdevida.cr) o en cualquiera de los 14 puntos de servicio en todo el país.
En 2022, se proporcionaron cerca de ¢600 millones en equipo ortopédico. Los equipos subsidiados incluyen andaderas, camas hospitalarias, colchones, collares ortopédicos, cuellos cervicales, férulas, glucómetros, sillas de ruedas, mascarillas de oxígeno, nebulizadores eléctricos y otros dispositivos, los cuales se pueden adquirir a través de casas ortopédicas con las que la institución tiene convenio.
Además del equipo ortopédico, la Sociedad de Seguros de Vida ofrece apoyos solidarios en casos particulares para la atención de enfermedades crónicas y en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Solo el año anterior se entregaron más de ¢2300 millones a través de estas ayudas.
La Póliza Mutual de vida consiste en una cotización mensual que realizan todos los trabajadores de la educación, tanto del sector público como privado, de manera solidaria. Esto permite que los familiares y allegados obtengan una indemnización económica de ¢28,000,000 en caso de fallecimiento del trabajador del sector educativo, además de otros beneficios, como los apoyos solidarios mencionados anteriormente.
