Por: Esther Castillo
La inseguridad en nuestro país no es un problema nuevo, sino que ha arraigado sus raíces durante décadas. En la actualidad, nos encontramos sumergidos en un embrollo que demanda la acción coordinada de los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Es responsabilidad de estos poderes sentarse juntos para encontrar soluciones y tomar medidas en sus respectivas áreas, desde un enfoque legal. No se trata de eludir responsabilidades y cargar todo el peso sobre el Ejecutivo mediante una declaración de emergencia, ya que esto dejaría al gobierno solo y no sería beneficioso para ningún ciudadano.
Es importante entender que declarar una emergencia nacional otorga al Gobierno de la República la facultad de restringir ciertas libertades, lo que podría llevarnos a situaciones aún más difíciles. En este momento, enfrentamos un menoscabo en esta lucha, ya que carecemos de la preparación y el equipamiento militar de las organizaciones que contrataron a individuos con formación militar, como los hondureños y nicaragüenses y ante tal situación nuestra policía se encuentra en desventaja.
En lo personal, creo que a nuestros oficiales les faltó astucia defensiva y estrategia para estar plenamente conscientes de su entorno, tal como nos enseñaron nuestros padres, «ojo al Cristo y mano a la chuspa». Esto no requiere necesariamente más patrullas ni más policías; lo que faltó fue la presencia de oficiales dispuestos a tomar la iniciativa. Cabe destacar que no estaban en Trejos Montealegre o Villas de Ayarco, con todo el respeto hacia la gente honesta de esos lugares, sino que se encontraban en Tirrases.
La inseguridad es un problema profundo en nuestra sociedad, arraigado por décadas, que exige una respuesta unificada y estratégica de todos los poderes del Estado.
