Terrenos estuvieron por décadas en manos de entidad privada
Redacción
En una decisión considerada histórica para la protección del patrimonio público, la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió a favor de un recurso de amparo presentado por vecinos de Nosara, ordenando a la Municipalidad de Nicoya iniciar de inmediato las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar aproximadamente 80 hectáreas de terrenos estatales que, durante décadas, han permanecido bajo control de la Asociación Cívica de Nosara (NCA), un grupo de administración privada.
El fallo, emitido el 8 de agosto, condena además a la municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios, al comprobarse que las autoridades locales incumplieron su obligación de proteger el patrimonio público. La decisión otorga a la alcaldía un plazo de 18 meses para ejecutar las acciones necesarias y advierte que, en caso de incumplimiento, el actual alcalde, Carlos Armando Martínez, podría enfrentar sanciones que incluyen multas y prisión, conforme al artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Un conflicto que se arrastra por décadas
La disputa sobre las tierras data de 1971, cuando el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) aprobó planos que establecen que estas áreas, parte del llamado Proyecto Americano, estaban destinadas a uso público y, por tanto, eran bienes demaniales, inalienables e imprescriptibles. No obstante, con el paso de los años, la NCA asumió el control de algunas zonas, administrando terrenos que, según la Sala Constitucional, nunca pudieron haber sido cedidos a una entidad privada.
En 2015, la propia Municipalidad de Nicoya elaboró un estudio técnico sobre la propiedad de estas tierras. El informe, firmado por los departamentos de Ingeniería Municipal, Catastro, Valoración y Gestión Jurídica, validó que los terrenos pertenecían al Estado. Ese mismo año, el entonces alcalde Marcos Jiménez y el síndico de Nosara, Marcos Ávila, en su calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Bocas de Nosara, presentaron una denuncia penal por usurpación de bienes públicos y fraude de simulación contra la NCA.
A pesar de esas acciones iniciales, los avances se detuvieron. Cuando Carlos Armando Martínez asumió la alcaldía en 2020 —reelecto en 2024—, la administración no ejecutó ninguna medida concreta para recuperar las tierras. Incluso después de que el Concejo Municipal emitiera en 2021 una orden directa para iniciar la recuperación, la alcaldía argumentó que el tema “seguía en comisiones” y que eran necesarios “nuevos estudios”, algo que la Sala Constitucional desestimó.
Impacto regional y precedente nacional
La resolución de la Sala Constitucional reafirma la protección de los bienes públicos en zonas costeras, donde la presión inmobiliaria y los conflictos por la propiedad de tierras han aumentado en las últimas décadas. En localidades como Nosara, comunidades enteras enfrentan procesos de desalojo, mientras grandes extensiones del Estado terminan administradas por asociaciones privadas o intereses inmobiliarios de capital extranjero.
Para líderes comunales y vecinos, el fallo no solo representa un triunfo local, sino un precedente histórico que podría tener repercusiones en otras regiones de Guanacaste y en todo el litoral pacífico costarricense.
“Este caso demuestra que ningún bien demanial puede ser apropiado por privados y que las municipalidades tienen la obligación impostergable de garantizar su restitución al Estado”, señaló el abogado Marvin Rodríguez, quien está ligado al proceso.
Respuesta oficial
La Voz de La Pampa consultó a la Municipalidad de Nicoya al respecto, por medio de Raquel Barboza encargada de prensa de esa entidad se indicó que, al no haber sido notificados formalmente, no se pronunciarán por el momento, aunque aseguró que la institución “será respetuosa de lo que disponga la Sala Constitucional”.
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