Redacción
En una decisión unánime, los nueve congresistas presentes en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa respaldaron el dictamen positivo del expediente 23.800. El cual contiene una propuesta de reforma al artículo 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, buscando introducir modificaciones a la Ley 1155. El objetivo es poner fin al fraude perpetrado por narcotraficantes internacionales que adquieren la nacionalidad costarricense para eludir la extradición a terceros países.
Los legisladores promotores de esta iniciativa, Rodrigo Arias Sánchez y Danny Vargas Serrano, argumentan que muchos narcotraficantes recurren a naturalizarse como costarricenses para eludir su extradición hacia países que los solicitan por delitos. Esta táctica se ampara en el derecho fundamental que otorga la Constitución Política de Costa Rica a los ciudadanos nacionales, como lo establece en su artículo 32.
Según los proponentes de la reforma, en caso de que esta se convierta en ley, el Registro Civil quedará facultado para revocar las naturalizaciones otorgadas a extranjeros que tengan procesos penales por narcotráfico o lavado de dinero pendientes de resolución, tanto en Costa Rica como en el extranjero. La premisa es que estas naturalizaciones serán consideradas nulas de pleno derecho.
Este proyecto de reforma busca fortalecer los mecanismos legales para prevenir que individuos involucrados en actividades ilícitas utilicen la adquisición de la nacionalidad costarricense como un medio para evadir la justicia internacional. La medida apunta a cerrar brechas legales que permiten este tipo de prácticas y a salvaguardar la integridad del sistema de naturalizaciones del país.
La iniciativa ahora pasa a la siguiente etapa legislativa, donde se espera que continúe su trámite para su eventual aprobación y promulgación como ley. La Comisión ha subrayado la importancia de esta reforma en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico a nivel internacional.
