Denuncia hace que defensoría pida obras en dique de Río Abangares

Los constantes desbordamientos que se dan en la zona, principalmente en época de invierno, motivaron a un vecino de la zona a presentar denuncia para mejora en el dique

Problemas por desbordamiento del Río Abangares hace que Defensoría de los Habitantes exija medidas a la municipalidad local.

Redacción

Un vecino del cantón de Abangares interpuso una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes (DD.HH) por el dique del río Abangares. Esto hizo que el ente garante de los derechos humanos en el país interviniera ante la municipalidad local para que proceda con los trabajos necesarios de dragado y reforzamiento en el sitio, esto como medida de prevención y contención ante eventuales desbordamientos.

El denunciante alegó que ha gestionado ante el Gobierno Local la situación, externa su preocupación por los riesgos que puede enfrentar la comunidad cuando se producen fuertes lluvias. También señaló que en el barrio San Francisco de las Juntas de Abangares faltan aceras accesibles, importantes para personas con alguna discapacidad y de los transeúntes en general.

La Defensoría emitió un informe reciente donde exige de la Municipalidad de Abangares una acción preventiva para el abordaje del problema, ya que de manera recurrente cada invierno se presentan desbordamientos por parte del Río Abangares. Piden la previsión de contenido presupuestario en aras de la ejecución de obras para la necesaria contención.

Catalina Crespo, defensora de los habitantes, considera que es un deber insoslayable e ineludible de la Municipalidad de Abangares el atender de manera diligente y preventiva las situaciones que se susciten en el cantón.

El municipio debe realizar las coordinaciones, contrataciones o previsiones presupuestarias necesarias a partir de las competencias y autonomía suficiente que tiene el ayuntamiento como principal responsable, aseguran desde la DD.HH.

La Defensoría remitió al Dictamen C-088-2019 del 3 de marzo de 2019, de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se  desarrolla con meridiana claridad las obligaciones municipales en torno a la  construcción de aceras, así como el deber de cumplir con las obligaciones  derivadas de la Ley No. 7600 en cuanto a la accesibilidad física del entorno.

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