Redacción
La Defensoría de los Habitantes (DH) solicitó al Ministerio de Salud, La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) explicaciones sobre los alcances en el contrato de compra de la vacuna contra el Covid-19.
Entre los puntos solicitados por el ente defensor está el fundamento legal que ampararía la supuesta declaratoria de confidencialidad para no revelar detalles del contrato como el precio de la vacuna adquirida a Pfizer/BioNTech.
El Gobierno de la República, envió un comunicado de prensa indicando que recibieron autorización de la empresa Pfizer, por medio de la Gerencia General para Centroamérica y el Caribe, alegando que con esto se respeta la cláusula de confidencialidad que es parte integral de dicho contrato, según se lee en el comunicado CP-014-2021 de Casa Presidencial.
Zapote indicó que el Contrato de Manufactura y Suplido de 3.000.075 dosis de la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer, misma que junto a la alemana BioNTech desarrollaron la cura contra el Sars-CoV-2 causante del Covid-19 tuvieron un costo de 36 millones de dólares americanos. Se incluye el transporte hasta los centros de almacenaje en el país.
La DH también pidió conocer las compañías farmacéuticas con las cuales se mantiene acuerdo de proveer la vacuna, además de lo cancelado a la fecha y los aspectos que se valoraron para designar al proveedor del producto, así como los resultados que permitieron la convalidación técnica, médica y administrativa.
La solicitud realizada por la institución defensora de los Derechos Humanos en el país, abarca detallar la lista completa de funcionarios involucrados en la negociación con el gigante norteamericano, así como con las otras corporaciones farmacéuticas a fin de conocer la mayor cantidad de detalles en torno a este tema.
Para la Defensoría saber en qué cantidades y ante qué proveedor se ha establecido convenio para la compra de dosis de vacuna, además de las fechas de entrega es importante en el marco de la transparencia, publicidad y acceso irrestricto de la información pública, según mencionan en el comunicado enviado el día 7 de enero de 2021.
Piden información de acciones al AyA
Por otra parte, la DH pidió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) información sobre los planes de acción y coordinación que tiene esa institución para el verano 2021.
La Defensoría considera que se debe garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano. En el 2020 varias comunidades sufrieron prolongados racionamientos del líquido durante la época seca según señala la Defensoría de los Habitantes.
Mencionan que el año pasado se recibieron denuncias por falta de agua en diferentes cantones del país como Abangares, Bagaces, Carrillo, Desamparados, Río Frio, Alajuela, Paraíso, Oreamuno, Siquirres, Corredores, Golfito y Buenos Aires entre otros.
La Defensora de los habitantes, Catalina Crespo, expresó la importancia para que se tomen las medidas de previsión necesaria, las comunidades deben de conocer de previo el plan del AyA en el 2021.
“Para la Defensoría es importante que se tomen todas las medidas de previsión necesarias para que en el 2021 estas comunidades y otras que por alguna situación pueden verse afectadas en el suministro de agua potable, conozcan con antelación las acciones a la fecha implementadas por el AyA o las que están en proceso, para que se garantice el suministro del líquido”, detalló Crespo. El año pasado la DH atendió 722 solicitudes de intervención por problemas con agua potable, según se lee en el Informe Anual 2020 de esa institución.
