Esther Castillo
La existencia de una fuerte contradicción entre los datos oficiales del Consejo de Transporte Público (CTP) y el estudio de demanda utilizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para sustentar un ajuste tarifario en la ruta San José–Santa Cruz y sus ramales encendió las alarmas sobre la continuidad del servicio y la eventual afectación a los usuarios.
Según un acuerdo oficial del CTP, aprobado por su Junta Directiva y notificado en la primera semana de diciembre, la demanda normalizada de la ruta 1502 —que incluye los recorridos hacia Santa Cruz, Flamingo, Tamarindo y Bolsón— apenas supera los 18.000 pasajeros al mes, resultado de la agregación de cada trayecto autorizado.
No obstante, la metodología aplicada por una empresa privada contratada por Aresep para justificar la audiencia pública de revisión tarifaria muestra cifras sustancialmente distintas, producto de un estudio parcial y no alineado con la estructura operativa aprobada por el CTP. Esa discrepancia técnica, que incrementa la demanda en más de 10.000 pasajeros, sustenta una pretendida disminución tarifaria cercana al 22%.
Un ajuste de ese calibre, además de carecer de respaldo en los datos oficiales, pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del operador.
Para Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), se trata de un cálculo construido sobre información errónea o incompleta que, lejos de beneficiar al usuario, compromete la continuidad del servicio, las inversiones en mantenimiento de flota, la seguridad, la puntualidad y la calidad, especialmente en rutas de larga distancia y zonas rurales como las de este sector de Guanacaste.
“Se confirma lo que TIG ha venido diciendo, el dato de la empresa contratada por Aresep está equivocado y esa falla va en perjuicio del usuario. Nos preguntamos cuál es el interés de esta revisión, porque no están revisando la tarifa de todas las rutas. Solo lo hicieron con esta en especial y, además, partiendo de un dato sospechoso”, explicó William Rovira, asesor legal de TIG.
El operador insiste en que el propio Estado, a través del CTP, ya definió y validó la demanda real, los recorridos, la flota y los horarios de la ruta 1502. Por ello, cualquier revisión tarifaria debería fundamentarse en esa información oficial y no en un estudio cuestionado que arroja una demanda inexistente y desproporcionada.
