Redacción
Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, lamentó la tardanza en la adopción de medidas por parte del Poder Ejecutivo en la atención de los pacientes por Covid-19. Criticó la dilación de las acciones anunciadas.
Estas permitirán que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recurra a hospitales privados para la atención de pacientes negativos por el virus pandémico, con la intención que los centros hospitalarios del sector público se concentren en los casos positivos por el Covid-19. El Plan de Inversión fue aprobado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Para Crespo, la reacción es tardía, ya que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los nosocomios estatales alcanzaron niveles máximos hace semanas, considera que esta respuesta se tuvo que dar con antelación.
Ante el aumento en los tiempos de espera que sufren los pacientes con otras enfermedades que urgen de tratamientos médicos por lo que han esperado meses e incluso años, la Defensoría de los Habitantes hizo una denuncia a inicios de mayo.
Deterioro de servicios
La atención de este tipo de pacientes ha encendido las alarmas en el ente defensor de los Derechos Humanos en el país, ya que el 2020 presentó un deterioro en comparación al 2019. Esto ha hecho que se genere un impacto negativo mayor en los tiempos de espera de los servicios de salud considerados de apremio y demanda, gracias a que los recursos médicos se han destinado en la atención de la pandemia, asegura la Defensoría.
Catalina Crespo, recibió de parte de la CCSS el informe requerido a las autoridades sanitarias semanas atrás. En el documento se evidencia el recrudecimiento en los tiempos de espera, principalmente en cirugías, siendo vitales para la vida de los pacientes que esperan la intervención quirúrgica. Además de cirugía, la afectación a diciembre de 2020 se dio también en las áreas de consulta externa y procedimientos.
En cirugías se tenía proyectado realizar 102 mil al 31 de diciembre del año pasado, en cambio solo se realizaron 40.590, un 60 % menos de lo planeado. La Defensoría considera que esto puede ser perjudicial para la integridad física y psicológica de las personas que no pudieron acceder al servicio. El tiempo de espera también sufrió deterioro, ya que pasó de 341 días en diciembre de 2019 a un promedio de 495 días para el último mes del año pasado, un aumento de 154 días.
La CCSS detalló que la consulta externa se vio afectada significativamente, tuvo una reducción del 21 % para el 2020, lo que representó que no se atendieran 2.337.544 citas entre marzo y diciembre de ese año, además de un aumento en el tiempo de espera el cual pasó de 151 días a 157. Siendo el servicio de oftalmología el que mayor impacto negativo tuvo, se disminuyó la atención de pacientes en un 37 %, seguido por ortopedia con un 26 % menos de atenciones, esos porcentajes indican que 113.585 asegurados no recibieron la debida atención en estas dos especialidades.
Los procedimientos también son de preocupación para la Defensoría. En 2020 se dejaron de realizar 100.083 procesos en comparación a lo registrado un año antes. Las mamografías y las gastroscopías son las más significativas, siendo estos los que más cáncer detecta.
Crespo considera inaceptable estas condiciones de deterioro “para un país como Costa Rica que ha hecho del servicio nacional de salud su emblema y su estandarte”.
Continuación de sesiones de trabajo
Manifiesta la importancia de continuar las sesiones de trabajo con las autoridades tanto de la CCSS como del Ministerio de Salud, a efectos de agilizar las acciones para mejorar tanto los tiempos de espera como el servicio brindado.
Además, reconoce la contratación de 100 médicos que brindarán soporte en los servicios que más requieren atención. Al mismo tiempo no comprende la decisión de orden administrativo que impide la incorporación de 600 internistas al servicio de salud, algo que considera un serio descuido de orden estratégico en la atención general de los servicios de salud.
La Defensora enfatizó que se debe acelerar los procesos para la importación de vacunas por parte de entes privados, quienes han externado el deseo de hacerlo. “Las barreras burocráticas han impedido que una sola vacuna haya llegado al país cuando vivimos el peor momento de la pandemia”. “La vida humana es inviolable y ese es el mandato ético y legal que nos debe unir a todas y todos los costarricenses para que, a través de nuestro mejor esfuerzo y de nuestro mayor compromiso, adoptemos con prontitud y de manera urgente las medidas público-privadas que aumenten la disposición de camas hospitalarias, la disposición de más vacunas y la incorporación de los 600 médicos que hoy claman por ayudar a nuestro sistema de salud”, puntualizó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
