Redacción
En un caso que ha generado amplia controversia y debate en Estados Unidos, Chrystul Kizer, una joven de 24 años, fue condenada a 11 años de prisión, con un año y medio de crédito por tiempo cumplido, por haber matado en 2018 al hombre que la explotaba y abusaba sexualmente. Este fallo marca el final de una larga batalla legal en la que Kizer, quien tenía 17 años en el momento del crimen, intentó demostrar que actuó en defensa propia.
La víctima, Randall Volar III, de 34 años, era conocido por las autoridades por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico sexual. Volar había abusado de Kizer durante casi dos años, grabando en secreto sus encuentros y forzándola a la prostitución. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico cuando Kizer, sintiéndose amenazada por Volar, le disparó en la cabeza, prendió fuego a su casa y huyó en su automóvil.
La controversia del caso giraba en torno al uso de la «defensa afirmativa», una figura legal que permite a las víctimas de tráfico sexual justificar ciertos crímenes cometidos como resultado directo de su explotación. Si bien esta defensa ha sido adoptada en varios estados de EE.UU. para proteger a las víctimas de cargos como prostitución o robo, la aplicación en casos de homicidio ha sido objeto de intenso debate.
El fiscal Michael Gravely argumentó que Kizer había cometido un asesinato premeditado con el fin de robar el automóvil de Volar, una afirmación que contradecía la defensa de la joven, que alegaba haber actuado en defensa propia tras ser inmovilizada por Volar en un intento de violarla. La Corte Suprema de Wisconsin, en un fallo significativo en 2022, determinó que la «defensa afirmativa» podía aplicarse en este caso, lo que abrió la puerta para que Kizer demostrara que sus acciones fueron una respuesta directa a la violencia que había sufrido.
A lo largo del proceso judicial, varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la comunidad negra se involucraron en el caso, destacando cómo las víctimas de tráfico sexual, especialmente mujeres negras, a menudo son criminalizadas por actos que cometen en un esfuerzo por sobrevivir. El Instituto Nacional de Justicia para Mujeres Negras, por ejemplo, había solicitado que Kizer no fuera sentenciada a prisión, argumentando que «criminalizar a las mujeres y niñas negras por sobrevivir a los abusos y la violencia sexual» solo perpetúa el ciclo de daño.
Finalmente, tras un acuerdo con la fiscalía, Kizer se declaró culpable de un cargo reducido de homicidio imprudente en segundo grado con uso de arma peligrosa, lo que la dejó con una condena potencial de hasta 30 años. Sin embargo, el juez David P. Wilk del condado de Kenosha dictaminó que Kizer cumpliría 11 años en prisión, menos el tiempo ya cumplido, seguido de cinco años de libertad supervisada.
Este caso pone en primer plano las complejidades legales y éticas que surgen cuando las víctimas de abuso sexual extremo cometen crímenes en un intento de salvar sus propias vidas. La sentencia ha dejado abiertas muchas preguntas sobre cómo el sistema judicial puede y debe proteger a las víctimas de explotación mientras asegura que se haga justicia.
