Reacción
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos ha informado sobre los notables progresos en la investigación del conocido «caso Aldesa». Este proceso se centra en presuntas estafas y la infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, conocida como reducción de la pena.
Las últimas diligencias realizadas en el expediente 19-000157-1220-PE han resultado en avances significativos. Específicamente, se han recopilado valiosas evidencias a partir de cuatro informes solicitados a la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los documentos incluyen auditorías forenses, dos de las cuales están vinculadas a los incidentes que afectaron a los inversionistas, mientras que los otros dos corresponden a ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público.
Se estableció un plazo para la entrega de estos informes a la SADEF, que originalmente venció el 24 de octubre. No obstante, la Sección solicitó una extensión hasta el 31 de octubre, ya que los informes estaban completos y solo se esperaba la revisión y aprobación finales por parte de la jefatura de la oficina.
La Fiscalía ha concedido esta prórroga en consideración de contar con los informes y la aprobación correspondiente a la brevedad posible.
El caso Aldesa es de una complejidad considerable, con un expediente principal que consta de 5,323 folios, dos legajos de prueba con 535 folios y 20 legajos de denuncia y prueba de los inversionistas que suman 3,536 folios.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, destacó que, aunque todo caso conlleva un potencial riesgo de prescripción, este riesgo es bajo en esta causa, ya que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene control sobre los plazos.
«Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba. Por eso, queremos informar a las víctimas del proceso y a la sociedad en general que hemos llevado a cabo esta investigación con mucho compromiso, de manera seria y muy coordinada con la policía judicial y en apego absoluto a la ley. La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso», señaló el jerarca.
Según la fiscalía especializada, de las 26 denuncias presentadas, 22 prescribirían entre los años 2028 y 2029, y las cuatro restantes lo harían en poco más de siete meses, específicamente el 10 de junio de 2024.
El imputado de apellidos Chaves Bolaños fue interrogado el 10 de junio de 2019 en relación con los presuntos hechos que afectaron a cuatro de las 26 personas perjudicadas que están formalmente vinculadas al proceso. Actualmente, Chaves está cumpliendo con medidas cautelares que incluyen impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
El proceso también ha demandado la ejecución de numerosas diligencias investigativas, tales como las siguientes:
- 13 sitios allanados.
- Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos.
- Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa, revisión de la prueba digital, entre ellos la totalidad de los teléfonos que fue posible aperturar.
- Revisión de los correos electrónicos de 8 archivos de correo, perteneciente a los funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25,000 correos por archivo.
- Revisión de correos electrónicos de 6 funcionarios de Aldesa, con un aproximado por cada archivo de correo de 30,000 correos.
- Revisión de un total de 4,425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa.
- Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes.
- Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada (CCSS) de tipo bancario, tributario y bursátil.
- Reuniones constantes de dirección funcional con la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ.
