Vecinos piden transparencia y participación ciudadana en un proceso que podría marcar un precedente nacional en la defensa de bienes comunales
Esther Castillo Jiménez
Comunidades del distrito de Nosara reclaman la devolución de 80 hectáreas de bienes públicos, valoradas en más de 800 millones de dólares, que permanecen bajo control de la entidad privada Asociación Cívica de Nosara, pese a que un fallo de la Sala Constitucional ordenó su restitución.
Los terrenos forman parte del histórico “Proyecto Americano”, aprobado en los años setenta por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), que los destinó como zonas comunales inalienables. Sin embargo, décadas después siguen en manos privadas, lo que limita la posibilidad de destinar espacios para proyectos sociales, ambientales y la instalación de sedes estatales en este distrito costero.
El movimiento Alianza por Nosara, conformado por asociaciones de desarrollo y vecinos, exige a la Municipalidad de Nicoya un proceso transparente con rendición de cuentas, la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y la creación de una mesa de trabajo que garantice la participación ciudadana.
“Esta recuperación beneficiará a vecinos, turistas, empresas e instituciones que carecen de terrenos para tener presencia en Nosara”, afirmó el abogado Marvin Rodríguez, impulsor del recurso de amparo que permitió la resolución de la Sala Constitucional.
Para los líderes comunales, la devolución de estas tierras no solo representa una oportunidad para el desarrollo local, sino también un acto de justicia social que podría convertirse en referente nacional en la defensa de bienes públicos.
