Un informe de la CGR incluye a estos ayuntamientos, en un análisis realizado a 10 gobiernos locales
Redacción
No están preparadas para gestionar de manera integral, acciones y buenas prácticas enfocadas a la prevención y lucha contra la corrupción.
Así tajante es la conclusión de los resultados del informe de «Seguimiento a la gestión pública acerca de la prevención del riesgo de corrupción», DFOE-DL-SGP-00003-2020 del 31 de agosto, 2020, que cita, además de estos ayuntamientos, a Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado.
Según la CGR, en cuanto a los resultados de la herramienta de medición del tema de prevención, se determinó que las diez municipalidades se ubican en un nivel de logro básico, es decir ninguna logró superar una calificación de al menos el 50% de los temas evaluados.
Además, la Municipalidad de Corredores obtuvo la calificación más alta de un 47%, mientras que la Municipalidad de Talamanca, presenta el puntaje más bajo, con tan sólo un 8%.
Entre las denuncias que mayor recibe la CGR, el sector municipal costarricense es el más denunciado ante este Órgano Contralor.
Desconfianza en población
De acuerdo con el informe, dicha situación incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios.
Subraya que podría ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales. Todo esto en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos institucionales y del bienestar de los ciudadanos.
En ese contexto, dice el documento, se determinaron una serie de debilidades que las municipalidades deben de fortalecer en aras de contar con un enfoque proactivo para prevenir y disuadir actos de corrupción, entre ellas: i) la inexistencia de un Código de Ética o de Conducta, ii) ausencia de liderazgo y compromiso de funcionarios para coordinar acciones preventivas, iii) la falta de mecanismos para promover la rendición de cuentas y iv) la ausencia de herramientas que permitan la participación ciudadana en los procesos de planificación, control y evaluación de la institución.
A lo expuesto, se suma la carencia de medios tecnológicos y de comunicación para el acceso de la información municipal, la falta de supervisión y de seguimiento en las labores que se realizan para el cobro de los impuestos y servicios municipales, el pago de salarios, el otorgamiento de permisos de construcción y de licencias, entre otros; además de no disponer de mecanismos para la separación de funciones incompatibles en los distintos procesos que se realizan en la institución.
Finalmente, concluye el análisis contralor, que en la mayoría de municipalidades no se realiza anualmente una autoevaluación del control interno y no tienen por práctica efectuar inventarios de los bienes municipales y materiales y suministros, así como efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias.
El periodo estudiado comprendió entre los meses de julio de 2019 y junio 2020.
Sector municipal, el más denunciado
La Encuesta Nacional de Percepción sobre Prevención de la Corrupción, elaborada por la Contraloría General de la República en el año 2017, evidenció que la corrupción se percibe como uno de los principales problemas en el país. De hecho, el Sector municipal costarricense es el más denunciado ante este Órgano Contralor, para el año 2019, del total de denuncias recibidas en la Contraloría General (1091), el 45,46% correspondieron al Sector Municipal, lo cual lo ubica como el Sector que más denuncias origina.
En este mismo contexto, producto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la gestión de las municipalidades ha tenido un gran impacto, lo cual eventualmente podría provocar que esas administraciones sean más susceptibles a los actos de corrupción en sus diferentes ámbitos y que los procedimientos actuales para prevenir y controlar los riesgos de corrupción resulten insuficientes.
Por lo anterior, el interés de la CGR, es determinar la capacidad de gestión que presentan las municipalidades en la definición e implementación de mecanismos de control para la prevención del riesgo de corrupción, con el propósito de facilitarles un insumo para el auto-diagnóstico y la auto-mejora, así como promover el auto-aprendizaje, al utilizar los resultados obtenidos en este estudio como guía para consolidar el proceso de mejoramiento continuo y la identificación de buenas prácticas.
