Gustavo Solera
La Contraloría General de la República (CGR) informó que el presupuesto definitivo de las municipalidades para el 2021 disminuyó un 27,7 % con respecto al periodo 2020. El ente contralor aprobó ¢531.711 millones para el ejercicio económico este año.
Este monto representa el 1,4 del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de los ¢735.894 millones del año anterior. Esta disminución se da porque el 74 % (61 gobiernos locales) consideró entre los supuestos de estimación la afectación en la recaudación de los ingresos en los 12 meses del periodo pasado.
Según la CGR las municipalidades catalogan las devoluciones de patentes, cierres de locales comerciales, planes de moratorias otorgadas, disminución de los ingresos familiares producto de la emergencia sanitaria por la pandemia causada por el Covid-19 como las causas de esa disminución.
Para la Contraloría, de continuar la situación los ingresos municipales se verán perjudicados, poniendo en riesgo servicios dados por las comunas en una clara afectación a los contribuyentes en recolección de basura, mantenimiento y conservación de la red vial cantonal, prestación de agua, mantenimiento de parques, entre otras prestaciones.
La CGR considera importante que se realicen estimaciones sólidas, fundamentadas y coherentes con la realidad económica actual.
Conflicto económico
El informe también menciona que la asignación de gasto representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las municipalidades. El ente contralor ve la disminución peligrosa si se considera que las partidas son utilizadas para la formación de bienes de capital.
En ese apartado para el 2021 la CGR distribuyó según la estructura programática de las municipalidades, siendo las partidas de gasto como, Transferencias de capital cuya caída es de ¢4.480 millones (93%); Bienes duraderos por ¢23.636 millones (22,1%) y Materiales y suministros ¢5.144 millones (11,3%), en comparación con el presupuesto inicial de 2020 las más impactadas.
Los mecanismos de construcción por administración, adquisición de materia prima para obtener productos intermedios o terminados, compra de muebles e inmuebles, construcción, adiciones y mejoras de carretera, puentes, parques, edificios, así como transferencias utilizadas para financiar gastos de capital, son las partidas utilizadas por los entes comunales que pueden verse afectados según menciona el informe publicado por la CGR.
