Por: Luis Castrillo Marín
El Ordenamiento Territorial (OT) es una de las herramientas de planificación más importante para propiciar un crecimiento adecuado en las comunidades urbanas y rurales donde se debe buscar el uso sostenible de los recursos como el agua o el suelo para citar apenas un par de ejemplos.
Una política pública de este tipo requiere de un amplio consenso social de todos los sectores involucrados en los cantones para encontrar un punto de equilibrio entre todos actores con el fin de evitar excesos que atenten contra el desarrollo de los negocios, la creación de empleo y la estética del entorno.
En el caso de las zonas costeras esas funciones del OT adquieren especial relevancia tomando en cuenta que varias regiones de ese tipo han experimentado durante los últimos años un crecimiento turístico, inmobiliario y hotelero de una importancia relevante.
Por ejemplo, en Playa Sámara en el cantón de Nicoya se puede palpar un auge económico que ha logrado mejorar la calidad de vida de los vecinos; sin embargo, esa mejora está amenazada por serios obstáculos como la invasión de espacios públicos especialmente en los alrededores de la plaza principal de esa comunidad.
En esa área es notoria la presencia de ventas ilegales sin ningún tipo de regulación como el permiso sanitario de funcionamiento o el pago de una patente municipal dos requisitos que se exigen al comercio formal para operar dentro del marco de la legalidad.
La existencia de ventas ambulantes representa una competencia desleal en relación con los negocios que sí cumplen con la normativa vigente en áreas como el pago de tributos, pero más allá de esa falencia han proliferado gracias a la ausencia de un marco normativo de OT costero que prohíba de manera clara y contundente este tipo de prácticas.
No es posible desarrollar un clima de inversiones atractivo en las regiones costeras si permitimos que se desarrollen actividades económicas completamente al margen de la Ley porque esa debilidad crea un ambiente de inseguridad jurídica que desincentiva cualquier iniciativa empresarial.
Es necesario que las autoridades -nacionales y locales- tomen cartas en el asunto para evitar que la expansión de “negocios” sin requisitos mínimos de funcionamiento se terminen “normalizando” porque luego erradicar ese fenómeno será mucho más complicado.
Para lograr ese cometido ya existen antecedentes que señalan posibles vías de solución. Recientemente la Sala Constitucional emitió un fallo en favor de un recurso de amparo que obligó a desalojar las ventas ambulantes de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Dominical en el cantón de Osa, Puntarenas.
Esa experiencia puede marcar el paso hacia la senda para propiciar un OT costero de primer mundo que; por fin, recupere los espacios públicos para el disfrute en favor de toda la ciudadanía.
