Redacción
La Defensoría de los Habitantes pretende formar su estructura y organización con base a la Contraloría General de la República (CGR). Así lo dio a conocer Catalina Crespo Sancho defensora de los Habitantes luego de disolver el Consejo de Directores de dicha institución.
La Defensora en días pasado eliminó las funciones de los miembros del Concejo de Directores mediante una reforma a los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 191 del 3 de agosto de 2020, en respaldo al acuerdo interno No. 528-DH.
En comunicado del 5 de agosto, la Defensora de los Habitantes indica que el Consejo de Directores no va a desaparecer, lo que pretende es reformarlo a una figura más afín a la de la CGR. Institución que según Crespo es acorde a las funciones de la Defensoría, cuya labor de control legal y fiscalización se asemejan en determinadas áreas de su mandato.
Semanas atrás, los miembros del Consejo de Directores habían solicitado la renuncia de Crespo Sancho, a pesar de no tener los alcances legales para hacerlo, ya que según el artículo 6 en el capítulo segundo de la Ley autónoma de la Defensoría de los Habitantes no está en la capacidad de ese órgano.
La decisión de no consultar a la Dirección de Asuntos Jurídicos se basa en el artículo 21 del Estatuto de la institución, que indica que la defensora debe acudir al consejo de manera discrecional y no obligatoria como han planteado algunas voces dentro y fuera de la Defensoría.
Catalina Crespo realizó una consulta al despacho de Marta Acosta, Contralora General de la República sobre información del funcionamiento del Consejo Consultivo, órgano homólogo al Consejo de Directores de la Defensoría de los Habitantes.
El 22 de julio de 2020, Acosta responde mediante oficio DC-0242, señalando que, “el citado Consejo tiene un carácter asesor, deliberativo y por tanto no operan reglas formales de quorum, ni tampoco se adoptan acuerdos, como sería lo propio en un órgano colegiado que tenga asignadas funciones de decisión”.
La CGR por medio de la vocera Mariela Azofeifa indica que la institución no emitió criterio sobre dicho tema. Si manifiesta que la explicación que dio la Contraloría sobre la organización interna, puede considerarse criterio emitido para la Defensoría de los Habitantes.
Mediante Acuerdo No. 2290 se modifican los artículos antes mencionados, permitiendo que no exista una mala interpretación de los mismos, pudiendo resolver dudas y cuestionamientos que se estaban gestando a lo interno de la institución.
La Defensoría mantiene abiertas varias investigaciones; entre la que destaca la de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que se encuentra en investigación en el Ministerio Público, por el cuál, de ser condenado el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, puede ser destituido de su cargo según el artículo 358 del Código Penal, así como los numerales 57 y 58 del mismo cuerpo legal. A inicio de la investigación, se extravió un audio del Presidente Alvarado sobre declaraciones de la UPAD, hecho que detonó para que el Consejo de Directores solicitara la renuncia de la Defensora, esto a pesar de ser Crespo quién pidió la investigación del acto, elevando el mismo al Ministerio Público, donde se mantiene en investigación bajo el número de expediente 20-000330-061-PE.
