Redacción
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José emitió una decisión histórica al ordenar a la Contraloría General de la República (CGR) inmovilizar fondos por la suma de ¢205,7 millones incluidos en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2023 de la Municipalidad de Nicoya. Esta medida cautelar responde a la compra de un terreno destinado a la construcción de un nuevo cementerio en el cantón guanacasteco.
La resolución, documentada en el expediente 22-005942-1027-CA bajo el número N° 2023004621, se basa en la solicitud presentada por José Elías Torres Benavides. Este recurrió al Tribunal luego de que, en la sesión No 32 del 06 de diciembre del 2016, el gobierno local le adjudicara la venta de una propiedad de tres hectáreas para desarrollar un cementerio, proyecto que, siete años después, aún no ha sido concretado.
A pesar de que en el acuerdo del Concejo Municipal # 015-2016 de la sesión No 32 del 06 de diciembre del 2016 se aceptó la propuesta de la propiedad de Torres Benavides, la Municipalidad de Nicoya, mediante el oficio DFOE-LOC-1438- del 18 de agosto del 2023, incluyó en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2023 los fondos antes mencionados para adquirir un terreno completamente diferente al adjudicado hace siete años.
El actual cementerio de Nicoya, ubicado en el Barrio Guadalupe, enfrenta serios problemas de capacidad, con órdenes sanitarias del Ministerio de Salud que prohíben la venta de nuevos nichos debido al hacinamiento. Esto ha obligado a las familias a llevar los cuerpos a lugares alejados como Mansión o San Antonio para la sepultura correspondiente.
El abogado de Torres Benavides, Jorge Enrique Porras, expresó su preocupación: “La Municipalidad de Nicoya inició un nuevo proceso de compra de terreno para un nuevo cementerio, pese a que aún está en firme el acuerdo del Concejo Municipal # 015-2016 de la sesión No 32 del 06 de diciembre del 2016, donde fue adjudicado el señor José Elías Torres Benavides. Se cambió de parecer de manera repentina, ignorando los derechos subjetivos que fueron concedidos a mi cliente”.
Según las Estadísticas Vitales 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el año pasado fallecieron un total de 410 personas en Nicoya, siendo urgente la necesidad de un nuevo espacio de sepultura. El valor de las ofertas recibidas en octubre de este año supera los ¢300 millones y la propiedad adjudicada en el 2016, en el barrio Matabuey, posee los respectivos permisos del Ministerio de Salud.
La medida cautelar fue dictada por el Juez Alexander Castillo Aguilar y destaca como un paso significativo en la resolución de esta disputa legal que involucra los derechos de la comunidad nicoyana y la necesidad apremiante de un nuevo cementerio.
