El caso de una psicóloga que desafía los límites de la muerte y la batalla legal que emprendió para que las leyes le permitan acabar con su vida
Redacción
La historia de Catalina Giraldo comienza con una paradoja difícil de ignorar. Es psicóloga, formada para acompañar el sufrimiento de otros, pero desde hace más de una década vive atrapada en el suyo.
A sus 30 años, ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Su vida, cuenta, ha estado marcada por hospitalizaciones, tratamientos intensivos y múltiples intentos por mantenerse a flote. Según ella, nada ha funcionado.
En una entrevista reciente con el canal Caracol de Colombia, describió su experiencia con una frase que resume el peso de esos años, “yo siento que es un infierno”.
Ahora, su decisión ha abierto un debate nacional en ese país. Catalina quiere acceder a la asistencia médica al suicidio, una figura que en Colombia existe en el terreno legal, pero no en la práctica.
Una década de tratamientos, sin alivio
A lo largo de los últimos diez años, Catalina ha pasado por cerca de 40 esquemas farmacológicos distintos. También ha recibido años de psicoterapia, terapia electroconvulsiva e incluso infusiones de ketamina, un tratamiento que en algunos casos se utiliza para depresiones resistentes. Desde 2019, ha sido hospitalizada nueve veces por crisis agudas.
El desgaste no es solo físico, sino emocional.
Dice sentirse agotada, sin energía para seguir intentando nuevas alternativas. Para ella, el sufrimiento no es episódico, sino constante.
Una solicitud sin precedentes
A finales de 2025, Catalina decidió dar un paso inusual, solicitó formalmente acceder a la eutanasia a través de su entidad de salud.
En Colombia, tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido están despenalizados en circunstancias específicas, principalmente cuando una persona padece una enfermedad grave e incurable que le produce un sufrimiento incompatible con su idea de dignidad.
Pero hay una diferencia clave entre ambos procedimientos. En la eutanasia, el médico administra el fármaco que causa la muerte. En el suicidio asistido, es el propio paciente quien lo hace, con acompañamiento médico.
La solicitud de Catalina fue rechazada.
Su aseguradora argumentó que no cumplía con los criterios establecidos, señalando que no padece una enfermedad incurable y que aún existen tratamientos disponibles.
Para su abogado, Lucas Correa Montoya, ese argumento refleja una interpretación restrictiva del derecho a la muerte digna.
“Siempre habrá algo más que intentar”, dice. “Pero eso no puede ser una obligación infinita”.
El vacío legal
Tras la negativa, Catalina optó por un camino distinto, solicitar la asistencia médica al suicidio. Aquí es donde su caso entra en un terreno aún más complejo.
En 2022, la Corte Constitucional colombiana estableció que un médico no incurre en delito al asistir el suicidio de un paciente en determinadas condiciones. Sin embargo, el procedimiento no ha sido reglamentado.
Esto significa que, aunque no es ilegal, tampoco existen protocolos claros para llevarlo a cabo.
Esa falta de regulación fue precisamente el argumento que utilizó su aseguradora para negar la solicitud por segunda vez, afirmando que no está legalmente facultada para autorizar el procedimiento. El resultado es un limbo jurídico.
“El Congreso no legisla y el Ministerio de Salud no regula”, explica su abogado. “Eso deja a los pacientes sin una vía real para ejercer un derecho que, en teoría, ya existe”.
Una batalla en los tribunales
En noviembre de 2025, Catalina presentó una acción de tutela, un mecanismo legal en Colombia para reclamar la protección de derechos fundamentales.
Su petición era clara, que un juez ordenara a su aseguradora autorizar el procedimiento y que las autoridades establecieran las reglas necesarias para hacerlo posible. El fallo fue negativo.
El juez consideró que Catalina debía agotar otras opciones, como solicitar una segunda evaluación para la eutanasia.
Para su defensa, esa decisión ignora el fondo del caso, Catalina no está pidiendo eutanasia, sino algo distinto.
Ahora, el caso podría llegar a la Corte Constitucional, que tendría la posibilidad de pronunciarse sobre un tema aún sin resolver en el país.
Más allá del caso individual
Colombia es uno de los países de América Latina que más ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la muerte digna. En 2024, más de 350 personas accedieron a la eutanasia, una cifra que ha crecido de forma sostenida en los últimos años.
Pero el caso de Catalina introduce un nuevo elemento en el debate, el sufrimiento psicológico.
También plantea preguntas más amplias sobre autonomía, límites médicos y el papel del Estado en decisiones profundamente personales. Para Catalina, la discusión es menos abstracta.
Dice que busca una forma de morir que no sea violenta, que le permita despedirse y estar acompañada por su familia.
“Las personas lo hacen de todas formas”, afirma, en referencia al suicidio. “Y esta podría ser una manera más amable”.
Describe su decisión no como una renuncia, sino como un acto consciente.
En la entrevista, Catalina manifestó que terminar así, de una manera no violenta, es la forma menos traumática para su familia.
“Es un acto de amor”, dice. “Conmigo y con mi familia”.
Mientras su caso avanza en los tribunales, su historia ha comenzado a resonar en el país sudamericano y más allá, obligando a una sociedad entera a enfrentar una pregunta incómoda, ¿hasta dónde llega el derecho a decidir sobre el propio final?
