Redacción
En Bolsón de Santa Cruz, un caserío extendido entre caminos y fincas ganaderas de Guanacaste, el autobús que conecta con San José no es solo un medio de transporte. Es el hilo que une a la comunidad con hospitales, universidades, empleos y trámites que se concentran en la capital. Por eso, la posibilidad de que la ruta quede suspendida —no por falta de usuarios, sino por un vacío administrativo— ha encendido la alarma entre vecinos y autoridades locales.
La empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) sostiene que mantendrá el servicio mientras exista una tarifa autorizada que lo haga viable, pero advierte que un proceso de revisión impulsado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) podría, en los hechos, dejar a la comunidad sin transporte. En la audiencia pública convocada para el 11 de febrero, se analizarán escenarios que, según la compañía, no contemplan una tarifa específica para el ramal San José–Bolsón, lo que equivaldría a operar en un limbo legal.
La disputa expone una tensión recurrente en Costa Rica entre la lógica técnica de la regulación y la realidad cotidiana de comunidades periféricas que dependen de un servicio público frágil. Para TIG, el problema no es la revisión tarifaria en sí, sino el riesgo de que una decisión “desarticulada e intempestiva” termine por interrumpir una ruta que conecta a decenas de poblados rurales con el corazón económico del país. La empresa niega haber solicitado un ajuste y califica el proceso de oficio como una señal de trato desigual frente a otras concesionarias.
Desde Aresep, la respuesta es distinta. La institución afirma que la resolución más reciente no eliminó tarifas, sino que actualizó las existentes a nivel nacional y que el ramal hacia Bolsón, incorporado formalmente por el Consejo de Transporte Público (CTP) en 2024, aún carece de una fijación tarifaria ordinaria específica. Mientras ese proceso se completa, rige la tarifa de la ruta madre 1502, una tarifa única que cubre los trayectos principales hacia Santa Cruz, Tamarindo y Flamingo. La Intendencia de Transporte asegura además que, en inspecciones de campo, no se detectaron cobros irregulares.
El trasfondo del caso va más allá de una ruta en particular. El propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha reconocido que más de un centenar de empresas abandonaron rutas en meses recientes, empujadas por esquemas tarifarios que no logran cubrir los costos de operación en un contexto de combustibles caros, menor demanda y mayores exigencias regulatorias. El resultado ha sido un mapa de conectividad cada vez más frágil en zonas rurales.
En Bolsón, esa fragilidad se traduce en una pregunta concreta, ¿qué ocurre cuando una decisión técnica, (tomada en San José) amenaza con romper el único puente cotidiano hacia servicios esenciales? La comunidad teme que la discusión sobre tarifas termine convirtiéndose en un episodio más de la larga historia de desconexión entre el centro del país y sus márgenes.
Mientras la audiencia pública se aproxima, el futuro de la ruta pende de un delicado equilibrio entre la sostenibilidad financiera del operador, la obligación del Estado de garantizar el transporte público y la vida diaria de cientos de usuarios que, cada madrugada, esperan un autobús para no quedar, una vez más, al margen del país que se construye en las carreteras principales.
