Aunque la Ley 6043 garantiza playas libres, en la práctica vecinos y visitantes se topan con accesos bloqueados y construcciones exclusivas que privilegian a unos pocos
Por: Esther Castillo Jiménez
Costa Rica presume, dentro y fuera del país, de tener todas sus playas públicas. Y es cierto: la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre lo establece claramente. Los primeros 50 metros desde la pleamar son inalienables, intocables, de todos y para todos. Esa es la letra de la ley. Pero la realidad es otra.
Lo que ocurre en Nosara, Guanacaste, es apenas un espejo de cómo el dinero manda por encima de cualquier normativa. Extranjeros compraron tierras frente al mar, muchas veces en la llamada milla marítima y construyeron lo que no debían. Hoy, vecinos denuncian accesos limitados, “verjas levantadas” y situaciones que los obligan a mirar el mar desde la distancia. El derecho colectivo se convirtió en privilegio de unos pocos.
El caso de Punta Leona, en Puntarenas, es igual de indignante. Allí se niega el acceso directo a la playa bajo el argumento de que las instalaciones son privadas. Se obliga a la gente a usar un camino alterno, empinado e inaccesible, como si el mar tuviera categoría social. ¿Qué pasa con una persona en silla de ruedas, con un adulto mayor o alguien con movilidad reducida? Se le niega el derecho, simple y llanamente.
Y esto no se queda ahí. Cada vez son más los condominios habitacionales que, aunque cuentan con permisos municipales, se levantan de tal manera que ocultan los accesos, bloquearon los caminos naturales y transforman un bien común en un territorio exclusivo.
No se trata de rumores ni de información irresponsable. Se trata de hechos visibles, denunciados por comunidades, avalados por fallos de la Sala Constitucional y por la propia Municipalidad de Nicoya en el caso de Nosara. El fenómeno no es aislado, amenaza con repetirse en otras playas del país.
La pregunta es incómoda pero necesaria, ¿de qué sirve tener una de las legislaciones más claras de América Latina sobre el acceso a playas si el Estado no la hace cumplir? ¿De qué vale el discurso turístico de “playas para todos” si la ciudadanía común se topa con un rótulo de “propiedad privada”?
La credibilidad de la prensa está en informar con conocimiento de causa, con rigor y seriedad. Y la credibilidad del Estado está en hacer cumplir la ley, aunque duela. Porque las playas son libres, pero sólo en el papel… y ya es hora de que lo sean también en la realidad.
