Redacción
El uso de drones en la producción agropecuaria de Costa Rica se ha convertido en una realidad accesible para los productores que buscan implementar esta tecnología como parte de la agricultura de precisión. El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, junto al Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Julio Carvajal Porras, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, anunciaron la firma del Reglamento para el Registro, Uso, Control y Fiscalización de Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancia de Uso Agropecuario.
Este esfuerzo conjunto entre estos ministerios, más la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) marca un avance significativo para el sector agropecuario costarricense, permitiéndole ser más competitivo, productivo y sostenible. Además, coloca a Costa Rica en una posición destacada en el uso de tecnologías que están transformando la agricultura a nivel global.
Los drones son herramientas innovadoras que ofrecen precisión en las tareas agrícolas, incluyendo el mapeo aéreo de terrenos y recursos hídricos, el monitoreo remoto del crecimiento y salud de los cultivos, la aplicación focalizada de agroquímicos e insumos, la creación de inventarios precisos de producción y biomasa, la identificación temprana de plagas y enfermedades, la estimación de rendimientos y planificación de cosechas, el control eficiente de malezas, la vigilancia y protección de cultivos, levantamiento de datos topográficos, gestión eficiente del riego y seguimiento de hatos ganaderos. Estos son solo algunos de los beneficios de esta tecnología.
Víctor Carvajal destacó la importancia de esta regulación y cómo potenciará al máximo los beneficios de los drones para que los productores sean más competitivos y sostenibles. El uso de drones puede elevar la productividad, reducir costos operativos, minimizar el impacto ambiental de las actividades agrícolas y optimizar la gestión de las fincas con información valiosa obtenida a través de esta tecnología.
Es fundamental mencionar que los productores agropecuarios interesados en adoptar esta tecnología pueden obtener información y orientación en la Agencia de Extensión Agropecuaria del MAG.
El reglamento introduce cambios significativos en comparación con las normativas anteriores, eliminando el requisito del certificado operativo, que tenía un costo de entre $1,600 y $1,800. También, el dictamen médico necesario para obtener la licencia de operación de drones se emitirá una única vez.
Además, el reglamento establece tres transitorios que deben cumplirse una vez firmado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. El MAG tiene doce meses para crear e incorporar procesos internos para el registro, control y fiscalización de Aeronaves Piloteadas a Distancia de Uso Agropecuario en coordinación con la DGAC. En un plazo de seis meses, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) deberá generar los módulos de aprendizaje y capacitación correspondientes para los interesados. Estos cursos deberán tener un mínimo de cuarenta horas teóricas y diez horas prácticas. Finalmente, en un plazo de seis meses, el MAG, en coordinación con la DGAC, deberá analizar la aplicación de tarifas diferenciadas para los productores u organizaciones.
Este reglamento allana el camino para que los productores costarricenses utilicen drones de manera más accesible y efectiva en sus operaciones agrícolas y ganaderas, impulsando la innovación y la sostenibilidad en el sector.
