Robos sobornos y tentaciones sexuales, son algunos de los aperitivos que desquebrajan las finanzas del Estado
Lic. Augusto Silva Acevedo
Investigación de corrupción en Costa Rica involucra a un asesor presidencial y a ejecutivos de firmas constructoras. Implicados habrían participado en una organización delictiva que produjo pérdidas al Estado por 78.000 millones de colones (unos 125 millones de dólares), entre 2018 y 2020.
«Favores sexuales»
Wálter Espinoza del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que «empresarios públicos recibieron favores y sobornos constantes, que respondían a una articulación organizada».
Como parte de los sobornos utilizaron «dinero, vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y otros artíficos para que alguna empresa pudiese verse beneficiada», Espinoza, experimentado funcionario de investigaciones estima que «Este es el enlace típico de corrupción que se ha manifestado en otros países: grupos de empresarios o empresas privadas con intereses muy fuertes y posibilidades amplias de actuación que se acercan a funcionarios para ofrecerles sobornos de todo tipo…».
El Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República integrar una Comisión que investigue el caso.
Ministerio Público, llevó a cabo 57 allanamientos: 14 de ellos a sedes de instituciones estatales, incluida Casa Presidencial; 18 a oficinas de empresas privadas y 21 a domicilios privados.
Hasta el momento se ha detenido a 30 personas, 13 de ellas integrantes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), institución que se encarga de generar los concursos para las licitaciones y realizar las adjudicaciones de los proyectos.
Un asesor del presidente, Camilo Saldarriaga, quien renunció tras el escándalo. También Allan Ugalde, el gerente de la Contraloría General de la República (CGR), encargado de resolver apelaciones a las licitaciones públicas; están siendo indagados por los hechos de corrupción contra el erario. Entre los sospechosos de ofrecer las sobornos, fueron arrestados representantes de empresarios de firmas constructoras de Costa Rica, entre ellas H. Solís y MECO, que concentran un alto porcentaje de los proyectos de obra pública por sumas acumuladas que ascienden a 900 millones de dólares.
El detenido propietario de MECO, Carlos Cerdas estuvo implicado en Panamá en el caso Blue Apple, donde en 2017 se denunciaron pagos de hasta 10 % del valor de las obras para ganar contratos.
Según Walter Espinoza, del OIJ, organismo costarricense que depende de la Fiscalía, la investigación tuvo origen en el 2019, luego de recibir «informaciones confidenciales presentadas por particulares» que permitían a las empresas «obtener beneficios en contratos de obra pública, construcción de carreteras y conservación vial».
Abordaron la investigación como una situación de crimen organizado, lo que les permitió intervenir llamadas telefónicas de los implicados para obtener evidencia.
Un detalle respecto a las obras es que hay trabajos con problemas en su estructura y esos errores según los conocedores continúan cometiéndose a vista y paciencia de las autoridades, debido a los sobornos que reciben.
«Hemos detectado muchas faltas técnicas en proyectos viales, que se siguen cometiendo. No ha habido sanciones ni repercusiones. No podemos evidenciar si son errores, corrupción o ambos, pero las justificaciones que dan no tienen sustento».
Las obras están retrasadas y el Ministerio de Obras Públicas no podría mandar a pararlas, porque seria un grave problema en un retraso descomunal.
¿Y Contraloría?
En Cota Rica no se sabe cuál es la función integral de la Contraloría General de la República y hasta el momento ha habido solo silencio en la entidad del Estado, que debería tener las riendas de este corcel desbocado que le produce al pueblo grandes pérdidas millonarias en dólares.
